PERFIL
Hilsaca, el ‘todopoderoso’
de Bolívar
PERFIL
Hilsaca, el ‘todopoderoso’
de Bolívar
El poderío del investigado ‘Turco’ Hilsaca va más allá de la política en Bolívar. Su figura aparece en múltiples contratos públicos firmados en el Caribe y en otras regiones, como Norte de Santander. Los brazos de su emporio incluyen obras civiles y de ingeniería, minería, alumbrado, rellenos sanitarios y hotelería.
Uno de los poderes económicos más sólidos de Bolívar en los últimos 30 años es el que ha forjado Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude, conocido como ‘El Turco’ Hilsaca. Un hombre que ha sido bautizado por la prensa capitalina como “el amo del alumbrado público” de Colombia, pero cuyo reconocimiento en su departamento natal se debe más a la financiación de campañas políticas, a su injerencia en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a sus supuestos lazos con organizaciones criminales.
Nacido en el ribereño municipio de Mompox, Hilsaca se dio a conocer primero como contratista público, en los años 90, después de haber sido obrero en Ecopetrol, comerciante de ganado y dueño de una discoteca en Magangué (Bolívar).
En aquellos años comenzó a forjar su imperio económico con los negocios que firmaba su empresa Hilsaca Construcciones -hoy AGM Desarrollos S.A.S- con el Ministerio de Minas, la Corporación Eléctrica del Caribe (Corelca), la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, para construir infraestructura pública y administrar varias concesiones de alumbrado en el país.
Para la opinión pública, el nombre de este descendiente de libaneses dejó de ser exclusivamente sinónimo de empresario cuando comenzó a tener líos con la justicia. En julio de 2009, la Fiscalía le profirió una medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad, como determinador de los asesinatos de cuatro mujeres (Lourdes Lara Champen, Ofelia del Rosario Correa Torres, Betsabit Obaida Espitia Nerio y Heidy Mailth Smith Pérez), ocurridos en 2003, cerca de la Torre del Reloj, sitio emblemático del Centro histórico de Cartagena.
Esos hechos, negados por ‘El Turco’ y conocidos como la ‘Masacre de la Torre del Reloj’, los cometieron paramilitares del Grupo Urbano de Cartagena, brazo del Frente Canal del Dique, del Bloque Montes de María. Después de ocho meses en la cárcel, en marzo de 2010, Hilsaca quedó libre por falta de pruebas y en 2017 el Tribunal Superior de Bogotá condenó por esos crímenes a 40 años de cárcel al exparamilitar Eugenio Reyes, alias ‘Geño’.
Dos meses después, en mayo de 2010, ‘El Turco’ volvió a la cárcel, pero en esa ocasión porque cuatro exparamilitares lo señalaron de ser colaborador del Bloque Héroes Montes de María. Un escuadrón ilegal que operó en los municipios de Sucre y Bolívar, entre 1996 y 2005, responsables de al menos 18 masacres. Dos de quienes lo señalaron fueron Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, y Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’, exjefes de ese grupo ‘para’.
Sobre esa supuesta colaboración económica también hay registros en el computador de ‘Jorge 40’, antiguo jefe del Bloque Norte de las AUC y quien regresó a Colombia en septiembre de 2020 después de haber pagado condena en Estados Unidos desde 2008. Alguien llamado “A. Hilsaca” aparecía en su listado de financiadores.
El nombre de ‘El Turco’ además salió a relucir en una grabación del Ipod (reproductor de música de la marca Apple) de Salvatore Mancuso, otro exjefe ‘para’ extraditado. En él se escucha una conversación que sostiene con ‘Jorge 40’ sobre supuestos acuerdos políticos y económicos con Hilsaca.
Los líos de Hilsaca con la Justicia continuaron en 2014. El 20 de noviembre de ese año fue detenido como parte de la investigación que inició la Fiscalía por el asesinato de Jhon Ovallos Angarita, hijo de Emel Ovallos, exparamilitar que declaró en su contra por el cuádruple asesinato de las mujeres en Cartagena.
Al igual que ocurrió durante años con la condenada Enilce López ‘La Gata’, antigua empresaria del chance en el Caribe y quien fuera amiga de Hilsaca, la sola mención del nombre de ‘El Turco’ genera temor entre los bolivarenses. “Muchos bajan la voz y hablan entre susurros para referirse a él, así no haya nadie cerca, como si tuviese oídos por todos los rincones”, escribió la periodista Salud Hernández, en la columna ¿Gran corrupto o ejemplar empresario?, publicada el 8 de mayo de 2019, en El Tiempo.
Un temor alimentado no solo por los crímenes que giran alrededor suyo, sino también por intimidaciones que se difunden a su nombre, como aquella que lanzó uno de sus hijos en un audio que circuló en septiembre de 2016 por la plataforma Whatsapp. Lo grabó después de que a él y a su padre los atracaron en un restaurante de Bocagrande. El joven vaticinó la muerte de los atracadores.
“Fueron directo a donde nosotros a quitarnos todas las cosas (…) Nos tiraron a nosotros nada más. Mi papá pidió escolta, esos yo creo que no salen vivos hoy de aquí”, fueron las palabras de Hilsaca hijo en aquella grabación.
De hecho, de ese miedo que Hilsaca genera este equipo periodístico fue testigo durante la reportería. Dos personas pidieron borrar todo rastro de comunicación para que no quedaran evidencias de los datos entregados sobre él. “Uno nunca sabe”, dijo una de las fuentes. Una tercera advirtió cuán “delicado” era investigar sobre la vida y obra de Hilsaca.
Su poder económico
En 1993 Hilsaca fundó, en Magangué, su empresa AGM Desarrollos SAS, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería y construcción en áreas de alumbrado, minería y obras civiles, con la que se ha ganado contratos como la fallida recuperación de la Ciénaga de la Virgen, limpieza de caños y canales en Cartagena o la readecuación del alcantarillado de Bocagrande. Varias de esas obras han generado investigaciones en los organismos de control por problemas durante su ejecución.
AGM Desarrollos SAS tiene hoy 265 empleados y sus representantes legales son Paúl Andrés Durango Hernández y Gustavo Adolfo Ñañez Calero, según su certificado de Cámara de Comercio. En el pasado, esa representación estuvo en manos del mismo ‘Turco’ y de su hijo, Gabriel Hilsaca Acosta. Este último es la cabeza visible de esa compañía en Centroamérica.
A través de ella, Hilsaca maneja concesiones de amoblamiento urbano, fotomultas de tránsito y alumbrado público. Hasta 2014, estas últimas sumaban 38, en igual número de municipios, por un valor estimado en $1,5 billones, según una investigación de la revista Dinero.
Entre esas concesiones están los alumbrados públicos de capitales como Cúcuta y Riohacha. Algunos, con condiciones favorables al concesionario, en detrimento del erario. Uno de esos municipios fue Ocaña, segunda población de Norte de Santander. Allí AGM Desarrollos SAS desplazó en 2013 a la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander. Por ese contrato, en 2018, la Procuraduría dejó en firme, en un fallo de segunda instancia, la destitución e inhabilidad por 10 años del exalcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo.
Otra concesión que se ganó, pese a las críticas del zar anticorrupción de la presidencia de posible negociación hecha a su medida, fue la de Mompox. En 2007, se la entregó el alcalde de la época, Marco Tulio Eljaude -su primo-, quien defendió esa adjudicación argumentando la ausencia de otros proponentes.
El poder económico de ‘El Turco’ también incluye hoteles y bares en el Centro Histórico y Getsemaní, a través de Promotora Hotelera Santos de Piedra SAS, empresa matriz de los hoteles Peregrinos, Santos de Piedras, Santo Toribio, Monaguillo de Getsemaní, Casa Cardenal y Capellán de Getsemaní, y de El Güero Tacos Bar, la Casa del Ron, restaurante bar Cleo y Tequila Santanera.
Esa empresa, según registros públicos de la Cámara de Comercio, tiene 81 empleados y ha sido representada legalmente, en distintas ocasiones, por los hermanos Alfonso y Gabriel Hilsaca Acosta, hijos de ‘El Turco’.
Hilsaca también tiene participación en el negocio de la disposición final de las basuras, a través de la empresa Caribe Verde SA ESP, con sede en Turbana y operador del Parque Ambiental Loma de Los Cocos, según contrato firmado en abril de 2005 con la Alcaldía de Cartagena por 20 años. Este funciona como relleno sanitario y escombrera de Cartagena en el corregimiento de Pasacaballos. Otra empresa relacionada con ‘El Turco’ es Bioger, que maneja la concesión de basuras en algunos municipios de Bolívar y que ha sido cuestionada por incumplimientos.
Su poder ha trascendido fronteras. En 2016, una de sus empresas firmó millonarios contratos para el cambio de luminarias de mercurio a tipo led con la alcaldía de San Salvador, capital de El Salvador, en Centroamérica.
Su mano en la política de Bolívar
Por años el nombre de ‘El Turco’ ha estado asociado a la financiación de campañas políticas en Cartagena, Turbaco y Arjona. Evidencia de su protagonismo en las elecciones de los últimos años de Cartagena fueron las atípicas de 2003. En uno de los debates previos a las elecciones de aquel octubre, varios de los candidatos trataron de desvincularse públicamente de él, dados los rumores de la época sobre su apoyo económico a varias de esas campañas.
De hecho, en una entrevista que le dio a Revista Semana en 2005, reconoció que le entregó dinero a Alberto Barboza, quien fue alcalde de Cartagena entre 2004 y 2006, recursos que no quedaron registrados en los reportes de financiación del entonces candidato.
Hilsaca llegó a tener mucha influencia en ese gobierno, le dijeron a Revista Semana tres funcionarios distritales y dos constructores. Además, La Silla Vacía encontró que Sandra Eugenia Covo, miembro de la junta directiva de AGM Desarrollos SAS —una de las empresas de ‘El Turco’—, fue tesorera durante esa administración.
Después desde el Palacio de La Aduana, Barboza le adjudicó a Caribe Verde, otra de las empresas de Hilsaca, la concesión del relleno sanitario de Cartagena.
Esa injerencia no la tuvo en varios de los gobiernos siguientes ni la tiene hoy en la actual administración de William Dau, con quien los últimos dos años ha librado una batalla judicial. En diciembre pasado, el hoy alcalde de Cartagena tuvo que retractarse después de acusarlo de “ser el mayor delincuente de Cartagena y Bolívar”. Hilsaca lo demandó por injuria y calumnia.
“Yo presenté varias pruebas contra el señor Hilsaca, pero el juez municipal y el del circuito que atendieron el caso no las tuvieron en cuenta (…) Por eso denuncio a los dos jueces, pero le terminaron dando la razón al señor Hilsaca”, dijo Dau en aquel momento.
La confrontación entre Dau y ‘El Turco’ está lejos de apaciguarse. Al alcalde no le cayó bien la elección como personera distrital de la abogada Carmen de Caro, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario en Cardique, entre 2018 y 2019.
“Un acto de mala fe” y “una declaratoria de guerra anticipada” fueron las palabras con las que el alcalde calificó el posible nombramiento de la abogada, el pasado 2 de enero en la instalación del Concejo. De ella también dijo que es “considerada ficha de quien ha sido “dueño de Cardique los últimos 20 años”.
La injerencia en Cardique
Casi que desde su creación, en 1993, Cardique, ha tenido a la sombra a ‘El Turco’ Hilsaca, como lo han contado La Silla Vacía, El Espectador y El Tiempo.
La Corporación, autoridad ambiental en 21 de los 46 municipios de Bolívar, ha tenido en su dirección a personas cercanas a él. Entre ellos Agustín Chávez Pérez, destituido por la Procuraduría por haberse extralimitado en sus funciones desde esa entidad y quien llegó a dirigirla después de haber trabajado en una de las empresas de Hilsaca. También, Olaff Puello, actualmente en casa por cárcel por una trama de contratos falsos descubierta por la Fiscalía en 2018.
Dos personas con las que este equipo investigador dialogó, por separado, y que tuvieron vínculos con esa Corporación, recordaron que el nombre de ‘El Turco’ estaba omnipresente en esa entidad. Al preguntarle a uno de ellos qué recordaba de Hilsaca en su paso por Cardique, nos dijo: “que mandaba”, “que elegía a los directores”, “que tenía injerencia en la contratación” y “tenía a personas de su confianza en puestos clave”.
Al revisar el organigrama de Cardique, este equipo investigador encontró a funcionarios clave como Luz Dary Benavides, ingeniera que trabajó en la Subdirección de Planeación, y Saide Escudero Jaller, subdirectora administrativa y financiera.
El poder de Cardique radica en su facultad para otorgar o negar permisos ambientales para obras de infraestructura en sus 21 municipios de influencia, así como sancionar a quienes atenten contra los ecosistemas en esos territorios. Cardique, por ejemplo, le dio licencia ambiental a Hilsaca, el 18 de marzo de 2005, para la construcción y operación del proyecto Parque Ambiental Loma de Los Cocos, como sitio de disposición final de las basuras en Cartagena. En julio de ese año, también autorizó la cesión de la licencia ambiental de ese proyecto a favor de la sociedad Caribe Verde, en aquel momento representada por Rodger Emigdio Turizo Turizo, quien ha sido representante legal de Hilsaca Construcciones, hoy AGM Desarrollos SAS.
Esta entidad maneja un presupuesto anual cercano a los $45 000 millones y administra también los ingresos por sobretasa ambiental, cobrada en el impuesto predial de los cartageneros y en los peajes Marahuaco y Puerto Colombia, en la vía Barranquilla – Cartagena.
Ese impuesto genera, por predial, hasta $55 606 millones, como ocurrió en 2018, mientras que por peajes unos $1641 millones, divulgó la Contraloría en la más reciente auditoría financiera que le hizo a Cardique en 2018 y publicó en noviembre de 2019.
Y es por toda esa estela de líos judiciales, manejos políticos y un halo de magnate influyente en distintos escenarios de poder, que muchos ciudadanos como la columnista Salud Hernández, se han llegado a cuestionar si Hilsaca es un “gran corrupto” o un “ejemplar empresario”.